La Unión Europea fuerza a los países en crisis a privatizar el agua


Como respuestas a lo que se considera una ilegalidad, se ha puesto en marcha un iniciativa ciudadana, que apoya Agua es Vida, para reclamar una legislación que contemple el agua y el saneamiento como derecho humano [fuente: EcoDiari]

Ante la ola de privatizaciones del ciclo del agua en el sur de Europa (Cataluña incluida), la Unión Europea ha respondido que apuesta decididamente por la privatización como medida de reducción del déficit público de los estados. Efectivamente, en un comunicado hecho público hoy, la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU, en inglés) está afirma que la Comisión Europea promueve deliberadamente la privatización de los servicios de agua como una de las condiciones que impone como parte de los rescates, según reconoce en una carta dirigida a los grupos de la sociedad civil fechada el 26 de septiembre de 2012. Olli Rehn, vicepresidente de la Comisión Europea y miembro responsable de asuntos económicos y monetarios, respondió a las preguntas formuladas en una carta abierta, el pasado mes de mayo, sobre el papel de la Comisión Europea en la imposición de la privatización a través de la Troika a Grecia, Portugal y otros países. Los grupos de la sociedad civil han escrito hoy al comisario Rehn (véase la traducción al catalán) – citando un estudio de Germà Bel et al-para exigirle que detenga “cualquier presión adicional para imponer condicionantes a la privatización de el agua “.

El impulso de la Comisión a la privatización no tiene en cuenta el hecho de que la privatización del agua no ha logrado obtener resultados ni en Europa ni en ninguna parte del mundo. París, y muchas otras ciudades, han remunicipalitzat recientemente sus servicios de agua a causa de las experiencias negativas que han sufrido con la privatización. En 2004, el Gobierno holandés aprobó una ley que prohíbe al sector privado la oferta de abastecimiento de agua y el Tribunal Constitucional italiano declaró que cualquier futura legislación para intentar privatizar los servicios públicos sería inconstitucional.

La Comisión no ha presentado ninguna evidencia que apoye su postura en la respuesta mencionada, aunque las investigaciones muestran que la provisión pública es a menudo más eficaz que la privada. Viola, además, los artículos clave del Tratado de la UE debido a que la UE debe ser neutral en la cuestión de la propiedad del agua. De hecho, aparece como una violación de la supuesta neutralidad la Unión Europea sobre la cuestión de la propiedad pública o privada y sobre la gestión de los servicios de agua colectivos (artículo 345 del TFEU y el artículo 17. 1 de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior). Miembros del Parlamento Europeo ya han presentado una pregunta a la Comisión solicitando una aclaración sobre la contradicción entre las recomendaciones de la Troika y la neutralidad requerida de la Comisión.

“Esto ciertamente demuestra cómo la Comisión ha perdido el contacto con la realidad. Sus argumentos ideológicos no se basan en hechos justificados y llega al extremo de ignorar la voluntad democrática del pueblo “, manifestó Gabriella Zanzanaini, director de Asuntos Europeos de Food & Water Europe.

“La Comisión tiene mucho que contar. No se trata, sólo, que no hay ninguna evidencia que apoye la opinión de que el sector privado es más eficiente, sino que existe una muy fuerte resistencia pública a la privatización. Los ciudadanos europeos no harán marcha atrás ni callarán ante eso “, señaló Jan Willem Goudriaan de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU, en sus siglas en inglés).

Como ya hacen varios movimientos de toda Europa están impulsando la lucha contra la venta de agua pública, se ha puesto en marcha la primera iniciativa ciudadana europea para promover la legislación del derecho humano al agua y al saneamiento para todos los europeos , con la la idea de que el suministro de agua y la gestión de los recursos hídricos no debe quedar sujeta a las “reglas del mercado interior” y que el agua que se debe excluir de la liberalización.

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