¿Cómo se abordan las demandas de acceso al agua?


ETHIOPIA FLOWERS

Uno de los principales problemas que plantea el acaparamiento de aguas es cómo se deberían mediar las demandas encontradas sobre el acceso al agua y el uso de esta. Se trata de una cuestión jurídica, política y, en última instancia, moral. Desde una perspectiva jurídica, existe un complejo conjunto de leyes nacionales e internacionales que regulan la asignación de aguas. Uno de los problemas de la actual oleada de acaparamientos es que los inversores están apuntando a países donde no existe una legislación nacional sobre los derechos de agua, o bien donde dicha legislación está poco definida o mal aplicada. Sin la debida regulación y aplicación, se corre el peligro de que sea el poder el que determine los resultados. Teniendo en cuenta que el poder de negociación de las comunidades locales es casi siempre menor que el de los inversores extranjeros –quienes a veces gozan también del favor del gobierno–, son estas comunidades las que tienen más que perder.

Flower power: el caso de la región etíope de Oromia

Las comunidades campesinas de la región de Oromia, en Etiopía, llevaban generaciones gestionando el agua de manera colectiva, basándose en una serie de reglas y principios tradicionales que concedían especial importancia al uso compartido, la conservación y la rendición de cuentas mediante encuentros regulares. Los distintos grupos de campesinos recolectaban las tarifas, que se usaban para reparar el canal, pagar a los guardas y para cubrir los costes administrativos.

La situación cambió drásticamente cuando en la región se establecieron nueve grandes haciendas de flores y hortalizas, siete de las cuales están total o parcialmente en manos de inversores extranjeros. Con la llegada de estas haciendas, la estructura informal para la gestión del agua cambió por completo. Los grupos de campesinos fueron reorganizados y se crearon nuevas reglas. Entre estas, estaba doblar las tarifas por el uso del agua, aumentar notablemente las sanciones por el incumplimiento de las normas y un sistema de turnos entre las empresas inversoras y las comunidades locales. De las normas vinculantes establecidas, cuatro eran aplicables a las comunidades locales, y solo dos a las grandes haciendas, que además tampoco estaban sujetas a ningún tipo de sanción. Además, se descubrió que los inversores no seguían la regla sobre el sistema de turnos acordado, y que sobornaban a los guardas para que les abrieran las compuertas del canal de riego.

Lógicamente, las comunidades campesinas de Oromia consideran que este cambio en la asignación del agua no es equitativo. Los campesinos han apelado a la Junta Regional de Inversiones para que ponga fin a la violación de sus derechos por parte de las grandes haciendas. Sin embargo, el gobierno etíope, que acoge con entusiasmo toda inversión extranjera directa en su sector agrícola, se ha puesto del lado de los inversores, dejando a las comunidades locales de Oromia con pocas vías alternativas para actuar y con una profunda sensación de impotencia.

Fuente: tni.org

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2 pensamientos en “¿Cómo se abordan las demandas de acceso al agua?

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