Radiografía del monopolio del agua

«Ve esa mancha violeta? Pues, se trata de monopolio…»

Ya venimos contando aquí la ola de privatizaciones en la gestión del agua que se está llevando a cabo en muchos Ayuntamientos ya que supone para ellos una fuente muy importante de financiación en momentos delicados como el que estamos pasando. Esta “desesperación económica” de las Administraciones viene de lejos, después de quedarse sin el chollo del ladrillo, los Ayuntamientos buscaron una nueva forma de financiarse, que resultó ser, para las empresas privadas, una mina de oro: el agua. El bien publico por excelencia.

Para las empresas privadas la gestión de los servicios de agua supone la mejor de las inversiones, porque a los ciudadanos no nos queda otra que consumir agua y pagar por ella, hecho que aprovechan para modificar el precio, que cada día va aumentando y así hay un grupo de empresas que van monopolizando el control del agua. El Monopolio por excelencia.

Ayer leía en El País que el 60% de los andaluces paga a una empresa pública cada vez que abre el grifo y el resto, a una compañía privada o participada y el porcentaje va en aumento. Las principales son Aqualia, del grupo FCC, y Aquagest, de Agbar. De las grandes capitales y áreas metropolitanas andaluzas, tan solo Málaga, Sevilla y Córdoba se han mantenido fieles al servicio público.

Desde hace muchos años hay Municipios donde la gestión del servicio ha sido privada, pero nunca hasta ahora de forma tan generalizada y con tanto perjuicio para el consumidor. Con procesos concursales en algunos casos un tanto sospechosos, conceden la gestión de un servicio público a corporaciones privadas durante 30 años o más a cambio del pago de un canon por adelantado, sin tener en cuenta que el acceso al agua es un derecho reconocido por la ONU que no se debería mercantilizar. Y como contraprestación, en muchos casos el cambio de gestión no ha traído mejora del servicio pero sí incremento de la tarifa del agua, que en algunas zonas ha llegado hasta el 27%. La estafa por excelencia.

Estamos empezando a ver situaciones rocambolescas que esperamos que no lleguen a producirse y que las administraciones públicas sepan defender los intereses de los ciudadanos sin perjuicio de que el organismo que controle la gestión del servicio sea público o privado.

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